El reciente proceso que culminó con la detención y posterior destitución del Fiscal General en Bolivia, ejecutado en un lapso de 49 horas, ha generado cuestionamientos sobre el respeto al marco constitucional. El artículo sostiene que estas acciones, iniciadas con una intervención policial sin flagrancia el 1 de octubre y seguidas por una resolución parlamentaria el día siguiente, priorizan la voluntad política sobre el ordenamiento jurídico vigente. Se advierte que este tipo de procedimientos debilita la institucionalidad democrática, al sustituir el imperio de la ley por decisiones discrecionales de los actores gubernamentales. La reflexión subraya la importancia de mantener el equilibrio de poderes y el cumplimiento estricto de las normas constitucionales para evitar que el ejercicio del poder se realice al margen de los procedimientos legales establecidos en el país.
Source : La Razón (BO)
