El Parlamento nicaragüense, bajo control del oficialismo, dio luz verde en primera instancia a una modificación constitucional que suprime el cargo de vicepresidente. En su lugar, se establece la figura de los designados presidenciales, quienes ejercerán las tareas delegadas directamente por la jefatura del Estado. Esta enmienda al artículo 126 de la Carta Magna otorga a los actuales mandatarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la facultad de nombrar a estos funcionarios. La decisión fue adoptada de manera unánime por la Asamblea Nacional. Sectores opositores han manifestado su rechazo a esta medida, argumentando que el cambio normativo tiene como objetivo facilitar una sucesión de carácter dinástico en el poder. Para que la reforma sea definitiva, deberá ser ratificada en una segunda legislatura.
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