El Gobierno boliviano ha implementado el Decreto Supremo 5706, una normativa que amplía las competencias de las unidades de transparencia estatales. Según informó el viceministro Yamil García, esta disposición permite a dichas entidades iniciar investigaciones de oficio, realizar el seguimiento de patrimonios y gestionar la recuperación de activos vinculados a actos ilícitos. La medida busca fortalecer la lucha contra la corrupción, elevándola a una prioridad institucional para evitar la impunidad. De acuerdo con las autoridades, este cambio normativo pretende marcar una nueva etapa en la gestión pública, enfocándose en la protección de los recursos del Estado y en la desarticulación de estructuras corruptas que han afectado al país durante años.
Source : Ahora El Pueblo
