El Gobierno ecuatoriano ha intensificado sus operativos contra la extracción minera ilícita, logrando resultados significativos en la desarticulación de campamentos y maquinaria empleada en estas actividades. Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2026 se destruyeron más de mil campamentos y cerca de mil ochocientas bocaminas, causando pérdidas millonarias a las estructuras criminales involucradas. A pesar de este avance en seguridad, María Eulalia Silva, representante de la Cámara de Minería del Ecuador, señala que aún persisten desafíos importantes. La dirigente gremial sostiene que, aunque la ofensiva estatal es positiva, el sector requiere de mayor seguridad jurídica y un fortalecimiento institucional sólido para garantizar la llegada de capitales a largo plazo. La industria minera aguarda por condiciones más claras que permitan desbloquear el potencial económico del país y consolidar un entorno favorable para los inversionistas internacionales.
Source : El Comercio (EC)
