El texto examina cómo las reformas estructurales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional en Bolivia trascendieron el ámbito económico para incidir directamente en el sector social. A partir de 1985, con la implementación del Decreto Supremo 21060, el país inició una etapa de estabilización monetaria y apertura de mercados que buscaba limitar la intervención estatal en favor de la inversión privada. Posteriormente, durante la década de los noventa, se ejecutó una segunda fase de transformaciones que abarcó cambios institucionales profundos. Este proceso incluyó la reestructuración del sistema de pensiones, la privatización de empresas estatales y la descentralización fiscal, medidas que fueron condicionadas por los organismos financieros internacionales para garantizar el acceso a créditos externos y atraer capitales extranjeros al territorio nacional.
Source : La Razón (BO)
