El Consejo de Estado chino ha emitido una normativa compuesta por 19 artículos que establece controles más estrictos sobre el flujo migratorio. La disposición faculta a las autoridades para impedir la salida de ciudadanos chinos por periodos de hasta tres años si se considera que han realizado actividades en el exterior que comprometan la seguridad del Estado. Asimismo, quienes infrinjan regulaciones sobre tecnología o exportaciones podrían enfrentar prohibiciones de salida sin una fecha de término definida. Por otro lado, la medida también contempla sanciones para ciudadanos extranjeros, incluyendo la restricción de ingreso al territorio nacional por un lapso de uno a cinco años. Estas penalizaciones se aplicarán a individuos que incurran en fraudes migratorios, presenten documentación falsa o entorpezcan los procedimientos de control fronterizo, bajo el argumento de proteger la soberanía y los intereses estratégicos del país.
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