La Corte Constitucional de Ecuador invalidó dos fallos emitidos en la provincia de Manabí respecto a la situación laboral de los empleados de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El conflicto legal se originó en marzo de 2022, cuando dirigentes sindicales interpusieron una acción de protección en Rocafuerte, a pesar de que la sede administrativa de la empresa se encuentra en Quito y los domicilios de los demandantes estaban en otras ciudades. La máxima instancia judicial determinó que los juzgados que intervinieron en el proceso carecían de competencia territorial para dictaminar sobre el régimen de una entidad pública. Tras cuatro años de litigio, la Corte subrayó que las garantías constitucionales poseen límites legales y que el incumplimiento de las normas procesales conlleva consecuencias jurídicas significativas para los magistrados involucrados en la toma de decisiones irregulares.
Source : El Comercio (EC)
