El artículo sostiene que la normativa laboral vigente en Chile genera una forma de discriminación estructural hacia las mujeres. El texto argumenta que la falta de garantías estatales para el acceso a salas cuna dificulta la integración laboral femenina. Asimismo, señala que la ley actual impone costos adicionales a las empresas que contratan a un número determinado de mujeres, lo cual termina penalizando tanto la contratación como los niveles salariales del sector femenino. Esta situación, según el análisis, contraviene principios fundamentales de justicia social al trasladar cargas productivas que deberían ser abordadas con políticas públicas más equitativas, resultando en una baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo nacional.
Source : La Tercera
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