La Defensoría del Pueblo de Filipinas presentó una querella formal por saqueo contra el legislador Romualdez, primo del presidente del país, y el exrepresentante Zaldy Co. Las autoridades judiciales los señalan por orquestar un esquema de corrupción que habría desviado aproximadamente 893 millones de dólares entre 2022 y 2025. Según la acusación, ambos funcionarios aprovecharon sus posiciones de poder en la Cámara de Representantes y el Comité de Presupuesto para gestionar de manera ilícita recursos destinados a proyectos de infraestructura. Mientras que Romualdez continúa en libertad y mantiene su escaño parlamentario, Co fue capturado en Praga durante el mes de abril tras ser buscado por la justicia local. Este caso involucra a figuras que fueron aliados cercanos del actual jefe de Estado, marcando un punto de tensión en la política interna filipina.
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