El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, informó que las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo tienen como objetivo principal reorganizar los centros penitenciarios y los establecimientos de rehabilitación juvenil. Durante una inspección en el penal Ancón II, el funcionario señaló que existen cerca de 500 reclusos sentenciados por omisión a la asistencia familiar. El titular de la cartera considera necesario aplicar un enfoque diferenciado para estos casos, argumentando que no resulta eficiente mantener a personas condenadas por delitos menores en instalaciones diseñadas para perfiles de alta peligrosidad. Esta medida busca mejorar la gestión de la población carcelaria y priorizar el traslado de internos y jóvenes infractores que representan un riesgo mayor para la seguridad ciudadana, en el marco de una estrategia más amplia que incluye reformas penales y el uso de inteligencia para enfrentar la extorsión.
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