Desde el año 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 33 sentencias contra el Estado venezolano, muchas de las cuales han sido ignoradas o ejecutadas solo parcialmente por las autoridades locales. El caso de la abogada Linda Loaiza López Soto, quien sufrió secuestro, tortura y violencia de género, representa un precedente fundamental sobre la responsabilidad estatal en la protección de las mujeres, pero también refleja la persistente falta de cumplimiento de las resoluciones internacionales. Actualmente, existen otros 16 expedientes en fase contenciosa ante el tribunal regional, incluyendo incidentes graves como la masacre de El Junquito, el fallecimiento del productor Franklin Brito y las denuncias de persecución contra el exalcalde Pedro Lares y su núcleo familiar. Estas situaciones subrayan la brecha existente entre las obligaciones internacionales asumidas por el país y la realidad de la justicia interna.
Source : TalCual
Photo : TalCual
