El juez encargado de avalar el preacuerdo entre la Fiscalía y Juliana Guerrero rechazó la postura de la joven, quien calificó de error la falsificación de su hoja de vida para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes. Guerrero, de 24 años, admitió haber alterado información en el sistema SIGEP del Ministerio de la Igualdad. Durante la audiencia, el magistrado enfatizó que la procesada poseía la madurez suficiente para comprender la ilegalidad de sus actos y actuar conforme a la ley. El juzgador desestimó el argumento de la defensa, subrayando que la implicada tenía plena conciencia de sus acciones y la obligación de desempeñarse con integridad, dado el alto cargo público al que aspiraba. Este caso ha generado interrogantes sobre la transparencia en los procesos de selección estatal y la responsabilidad de los funcionarios ante la falsedad documental.
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