El análisis plantea la necesidad de equilibrar la crítica ciudadana hacia los funcionarios públicos con el respeto a la institucionalidad del país. Se enfatiza que cuestionar el desempeño de autoridades como el fiscal general Mariaca no es excluyente de exigir el cumplimiento del debido proceso y la independencia de poderes. El texto subraya que la democracia boliviana requiere que las investigaciones y responsabilidades de los servidores públicos se gestionen internamente, bajo el marco de la Constitución Política del Estado. Se argumenta que la solidez democrática no depende de la perfección de sus autoridades, sino de la capacidad del Estado para procesar sus asuntos de manera soberana y conforme a sus propias normas jurídicas, evitando la sustitución de sus funciones por instancias externas.
Source : La Razón (BO)
