El Gobierno ecuatoriano ha intensificado sus acciones contra la minería ilícita, logrando la destrucción de más de mil campamentos, cientos de maquinaria pesada y el cierre de numerosas bocaminas. Estas intervenciones, que suman cerca de 800 operativos, han derivado en la captura de casi 1.800 personas. Según estimaciones oficiales, el daño económico causado a las estructuras delictivas asciende a más de 4.659 millones de dólares. Más allá de las cifras, las autoridades subrayan que estas actividades extractivas no representan únicamente un daño ambiental, sino que constituyen un pilar financiero fundamental para el crimen organizado. Al desmantelar esta infraestructura, el Estado busca desarticular una compleja cadena de valor que sostiene a los grupos delictivos en diversas regiones del país, afectando directamente su capacidad operativa y su financiamiento ilícito.
Source : El Comercio (EC)
