La Procuraduría General de la Nación inició una indagación formal sobre la asignación de esquemas de protección a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, exfuncionarias vinculadas a la administración de Gustavo Petro. El organismo de control examina posibles irregularidades en la concesión de estas medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante la gestión de Augusto Rodríguez. La investigación abarca al Ministerio del Interior, a la propia UNP y al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), buscando esclarecer si existieron anomalías en la aprobación y continuidad de dichos esquemas. Adicionalmente, el expediente contempla presuntas actuaciones indebidas relacionadas con la Aeronáutica Civil, marcando un avance en el escrutinio sobre el manejo de recursos y beneficios otorgados a estas personas tras la finalización del anterior mandato presidencial.
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