Desde el año 2018, Uruguay ha contabilizado 861 denuncias vinculadas al grooming, una modalidad de explotación sexual infantil que enfrenta serios obstáculos en el sistema judicial. Según los datos disponibles, el 70% de estos casos han sido archivados, evidenciando dificultades estructurales en la respuesta estatal. Los problemas identificados incluyen una falta de presupuesto adecuado, fallas en la coordinación entre las instituciones encargadas y debates legislativos que aún no logran una regulación efectiva. El fenómeno se ilustra a través de testimonios que exponen cómo los agresores operan mediante perfiles falsos en redes sociales. La situación pone de relieve la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de mejorar los mecanismos de investigación y protección para abordar esta problemática creciente en el entorno digital.
Source : la diaria
