Al aproximarse a sus diez meses de mandato, la administración encabezada por la fórmula Paz-Lara enfrenta serios cuestionamientos relativos a su viabilidad institucional. Según diversas consideraciones sobre el ejercicio del poder, el Ejecutivo conserva únicamente el aval formal derivado de su elección democrática, habiendo resignado la credibilidad social, la presencia representativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional y el respaldo activo en el espacio público. Si bien a comienzos de año se computó como un avance puntual el retiro del subsidio a los hidrocarburos, la gestión gubernamental experimentó un marcado deterioro que erosionó su capacidad de conducción política y su fortaleza ante la sociedad.
Source : La Razón (BO)
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