La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo, identificó una irregularidad administrativa en el departamento del Valle del Cauca. Según la investigación, la entidad desembolsó cerca de 50 millones de pesos mensuales por el arrendamiento de una propiedad de 400 metros cuadrados en el municipio de Sevilla. Lo llamativo del caso es que el inmueble nunca fue utilizado por el personal del instituto, a pesar de que el valor del contrato es comparable con el alquiler de propiedades de lujo en zonas exclusivas, como el penthouse vinculado a Ricardo Roa. Este hallazgo ha generado cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos bajo la actual administración, especialmente considerando que el costo de vida en dicha localidad no justifica un canon de arrendamiento de tal magnitud.
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