El artículo de opinión cuestiona la integridad de la Constitución de 1999 en Venezuela, argumentando que ha sido objeto de constantes vulneraciones y modificaciones informales. El autor sostiene que el actual ejercicio del poder ha utilizado diversas estrategias institucionales para prolongar su permanencia, consolidándose desde inicios del siglo XXI. Según el texto, la extensión del mandato presidencial a seis años, junto con la posibilidad de reelección, permitió fortalecer una estructura política que se benefició de los altos precios del petróleo en años anteriores. En su análisis, el autor califica estas acciones como maniobras que, bajo una apariencia democrática, han socavado los principios fundamentales del texto constitucional original, manteniendo un control prolongado mediante el manejo estratégico de los tiempos políticos y el uso de las instituciones como herramientas de preservación del mando.
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