El texto examina la naturaleza de la Constitución ecuatoriana de 2008, destacando su enfoque garantista en la protección de derechos. Diversos expertos legales señalan una posible desproporción entre la amplia oferta de garantías constitucionales y la falta de responsabilidades claras tanto para las instituciones públicas como para la ciudadanía. El artículo cuestiona la efectividad en el cumplimiento de estas disposiciones obligatorias y plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y monitoreo necesarios para asegurar que el Estado cumpla con su mandato. Se hace referencia al primer artículo de la Carta Magna, que define al país como un Estado constitucional de derechos y justicia, organizado bajo un modelo descentralizado, para reflexionar sobre la brecha existente entre la normativa vigente y la práctica administrativa del aparato estatal.
Source : El Comercio (EC)
