El reciente pronunciamiento de la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre la posible despenalización de la Ley contra el Odio ha generado reacciones críticas en diversos sectores. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil han solicitado la derogación total de esta normativa, argumentando que ha funcionado como un mecanismo para ejercer la represión política en el país. Esta ley, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, incluye sanciones penales y administrativas para quienes sean acusados de promover la discriminación o el odio a través de medios públicos. Ante el anuncio, diversos actores sociales cuestionan la efectividad y las verdaderas intenciones detrás de esta propuesta gubernamental, insistiendo en que el marco legal actual vulnera libertades fundamentales y debe ser eliminado en lugar de simplemente reformado.
Source : TalCual
